El Gobierno de Santa Fe endurece su postura frente a la ola de amenazas falsas en escuelas y anunció que exigirá un resarcimiento económico a quienes sean identificados como responsables. La medida fue anticipada por el ministro de Seguridad, Pablo Cococcioni, quien estimó que cada operativo para este tipo de situaciones ronda los 6 millones de pesos.

El anuncio se dio en el marco de una conferencia junto al ministro de Educación, José Goity, tras la proliferación de estos episodios luego del tiroteo fatal ocurrido en San Cristóbal.

“Hemos instruido que en casos de personas identificadas ya se disponga el resarcimiento de los daños. No podemos permitir que lo paguen difusamente los santafesinos con sus impuestos”, afirmó Cococcioni. Además, advirtió que estos hechos generan un impacto adicional: el desvío de recursos policiales que podrían destinarse a otras tareas de seguridad.

Según explicó el funcionario, cada amenaza —ya sea por escrito o a través de llamados— activa un despliegue operativo complejo, que incluye intervención policial, coordinación con otras áreas y protocolos específicos. “Un operativo básico y elemental ronda los 6 millones de pesos”, precisó.

El ministro también remarcó que este tipo de conductas no son “bromas”, sino delitos tipificados, y alertó sobre sus consecuencias a largo plazo. “Una investigación penal deja huellas que pueden afectar, por ejemplo, la obtención de un certificado de buena conducta en el futuro”, sostuvo.

Por su parte, Goity indicó que desde Educación se enviaron lineamientos a las escuelas para abordar la problemática y se avanza en programas de educación digital. Sin embargo, reconoció la dificultad de anticiparse a desafíos virales que circulan en redes sociales. “La escuela sigue siendo el mejor lugar donde pueden estar los chicos”, afirmó.

En la misma línea, la subsecretaria de Salud Mental, Victoria Mancini, destacó la importancia del acompañamiento familiar y el control del uso de dispositivos. “Sin los adultos responsables será muy difícil evitar que los jóvenes queden expuestos a situaciones de riesgo”, advirtió.

Las autoridades coincidieron en que la problemática requiere un abordaje integral que combine prevención, educación y responsabilidad social, en un contexto donde las amenazas generan temor en las comunidades educativas y demandan una respuesta estatal inmediata.