Gonzalo Mórtola fue interventor de la Administración General de Puertos (AGP) durante toda la gestión de Mauricio Macri y hace menos de un mes la Justicia lo condenó por contratar sin licitación a una empresa por casi un millón de dólares. De la misma forma que los empresarios de la causa Cuadernos, el exfuncionario de Cambiemos busca dejar sin efecto la sentencia con un ofrecimiento económico: una donación de 10.000.000 de pesos para el Hospital Garrahan, o bien 6.756 dólares, si se calcula el tipo de cambio con la cotización rozando el techo de la banda.

Hasta ahora Mórtola fracasó en su intención de pagar para evitar las consecuencias penales. Se lo rechazaron en varias instancias y la AGP, constituida como querellante, se pronunció en contra cada vez que pudo. Mientras tanto la causa en su contra avanzó y el pasado 20 de agosto lo sentenciaron a seis meses de prisión por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El último viernes, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por los jueces Mariano Hernán Borinsky, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, resolvió anular una decisión previa que rechazó su ofrecimiento de reparación integral y devolver el caso al Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Daniel Rafecas, para que emita un nuevo pronunciamiento.

Más allá del caso, Casación sentó un precedente relevante con Mórtola al determinar que para que prosperen estas vías alternativas de resolución de conflictos es necesaria la conformidad de la fiscalía -el fiscal Eduardo Taiano había aceptado la reparación económica-, más no así el visto bueno de la querella.

 

Gonzalo Mórtola intervino la Administración General de Puertos entre el 29 de marzo de 2016 y el 10 de diciembre de 2019, según consta en el expediente judicial.

El origen del delito por el que lo condenaron estuvo en las resoluciones 129/16 y 169/17, que fueron consideradas contrarias a lo dispuesto en el Reglamento de Compras y Contrataciones del organismo.

Según determinó la Justicia, Mórtola contrató directamente y sin licitación pública a la firma Advance Logistics Group SA, integrante del grupo Indra Sistemas SA, a la que el Estado le pagó US$ 940.508. Esta contratación se llevó a cabo sin los fundamentos requeridos ni la confrontación con otros oferentes.

Al referirse sobre el ofrecimiento económico, el Ministerio Público Fiscal y la defensa coincidieron en que el hecho atribuido a Mórtola produjo una “afectación reducida” y “no significó menoscabo económico alguno al erario público”.

Además, tuvieron en cuenta que el exfuncionario carecía de antecedentes penales y que este era el primer proceso penal que enfrentaba.