Dos individuos actualmente bajo custodia en la prisión de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba, están siendo investigados por presuntamente perpetrar estafas dirigidas a tres ciudadanos de Venado Tuerto, a través de dispositivos móviles. El fiscal a cargo del caso, Damián Cassullo, ha solicitado la imposición de prisión preventiva para ambos acusados. El juez Adrián Godoy, tras una audiencia celebrada en los tribunales de Venado Tuerto, ha accedido a esta medida cautelar.

Según la información proporcionada por el fiscal Cassullo durante la audiencia, los dos individuos en cuestión, identificados como EAMO y CAS, utilizaban teléfonos celulares equipados con diferentes chips con códigos de área variados. Desde estos dispositivos, se ponían en contacto con personas que tenían productos en venta en el Marketplace de Facebook.

Las estafas, según detalló el fiscal, ocurrieron entre el 19 de marzo y el 3 de mayo del presente año. Las víctimas, todas residentes de Venado Tuerto, fueron abordadas por los acusados bajo la premisa de realizar una compra, prometiendo una transferencia como señal. Sin embargo, poco después enviaban a las víctimas un comprobante de transferencia falso, por un monto superior al acordado.

Posteriormente, los acusados se comunicaban nuevamente con las víctimas, alegando un error en la cantidad transferida y solicitando la devolución del excedente. Supuestamente representantes bancarios, enviaban instrucciones a las víctimas para realizar la devolución, amenazándolas con consecuencias legales si no cooperaban.

Bajo estas premisas fraudulentas, las víctimas transferían el dinero solicitado, incluso algunas de ellas llegaron a solicitar préstamos bancarios para cubrir la supuesta devolución. Ante estos hechos, el fiscal Cassullo ha solicitado medidas restrictivas en el uso de teléfonos celulares por parte de los acusados, invocando el artículo 220 bis del Código Procesal Penal de Santa Fe, recientemente reformado.

El juez Godoy, aunque no ha aplicado plenamente estas medidas, ha sugerido a las autoridades penitenciarias de Río Cuarto considerar la posibilidad de restringir temporalmente las comunicaciones de los imputados, dada la complejidad de los hechos investigados y el potencial riesgo de obstrucción a la justicia.