La Convención terminó de consolidar un perfil estatista y progresista con el capítulo de Derechos y Garantías. Educación obligatoria, nuevos derechos y acciones positivas dibujan un Estado presente que actualiza la tradición de 1962 y se planta en la vereda opuesta a la batalla cultural del gobierno nacional.

La reforma constitucional terminó de configurar una decisión estratégica: Santa Fe no se sube a las batallas culturales de Javier Milei. Con la aprobación del capítulo de Derechos y Garantías, la Convención Constituyente consolidó el perfil de una Carta Magna que coloca al Estado como garante de justicia social y actor activo en la reducción de desigualdades estructurales. No es una etiqueta: detrás hay artículos, votos y una narrativa institucional que eligió la cooperación por sobre el “sálvese quien pueda” de época. La declaración de educación primaria y secundaria obligatoria, con sostén estatal y respaldo mayoritario (50 a 15 fue el resultado de la votación), es el emblema más visible de ese rumbo y, a la vez, el punto de cierre de una arquitectura que venía siendo levantada capítulo por capítulo. La reforma estuvo lejos de ser un retoque que incluyera la reelección del gobernador y unos pocos asuntos más: se modificaron más de 40 artículos de la Constitución de 1962 y se incorporaron más de 15 temas nuevos.

Estado presente

 

El nuevo plexo de derechos, parte del último capítulo en ser aprobado, es el corazón de ese espíritu igualitario que ya tenía la Constitución santafesina y la reforma ratifica. Reconoce derechos digitales (acceso y protección de datos), ciencia e innovación como bien común, ambiente con obligación de recomposición del daño, agua como bien colectivo y tutela reforzada para consumidores y usuarios, con foco en sectores hipervulnerables. Y, crucial frente al clima de época, explicita que la Provincia reconoce desigualdades estructurales y asume acciones positivas para mitigarlas, desde la niñez a las diversidades, desde las personas con discapacidad a pueblos originarios. Ese catálogo fija un horizonte de política pública que está en las antípodas del ideario de un presidente de la Nación que sostiene que la justicia social es una “aberración” y guerrea contra la cultura woke.

En paralelo, el texto deja una definición ideológica nítida en la relación entre creencias y política: separa al Estado de las religiones bajo un principio de neutralidad. Al final de una pulseada intensa, la Iglesia Católica queda mencionada en un artículo que ordena la relación con todos los cultos por los principios de autonomía, igualdad, cooperación y no discriminación. No hay religión oficial, sí un reconocimiento de la historia y una gramática de laicidad moderna que rehúye la guerra cultural.

Continuidades que importan

 Conviene subrayarlo: este espíritu no nace hoy, es una continuidad. La Constitución de 1962 ya había inscripto un andamiaje de derechos sociales y un Estado con obligaciones concretas: salud como derecho fundamental (artículo 19), protección del trabajo (artículo 20), seguridad social integral (artículo 21), función social de la propiedad y límites a la iniciativa privada en nombre de la utilidad social (artículo 15) y un mandato de remover obstáculos económicos y sociales que impiden la igualdad real (artículo 8). Un basamento progresista sobre el que ahora se construye una actualización del siglo XXI.

 

Fuente:Rosario3