Este martes, el tribunal condenó a Pedro Ortiz y Hontoria a 15 años de prisión. En diálogo con Radio Mitre 100.3, Aldo Baraballe, presidente del tribunal, brindó una explicación detallada del fallo que estremeció a la comunidad: se trata de la sentencia por cuatro hechos de abuso sexual agravado cometidos contra menores en un contexto educativo y religioso.

Baraballe explicó que las pruebas clave para la condena fueron los testimonios de las víctimas, respaldados por pericias psicológicas y declaraciones de profesionales de la salud mental. “En este tipo de delitos, es muy raro contar con testigos directos. La palabra de las víctimas, debidamente evaluada, cobra un valor fundamental”, sostuvo.

Además de los abusos, el tribunal tomó en cuenta agravantes como el rol de educador del acusado y el daño psíquico causado, lo que justificó una pena más severa. “No se trata de una suma matemática, pero las cuatro víctimas y el contexto en el que ocurrieron los hechos hacen que el reproche penal sea contundente”, señaló el magistrado.

Consultado por la posibilidad de que el condenado cumpla la pena en prisión domiciliaria por su edad, el juez aclaró que aún no alcanza los 70 años, límite previsto por la ley para considerar este tipo de beneficios, y que ninguna de las partes planteó esa solicitud hasta el momento.

El juez también hizo hincapié en la importancia de los tratados internacionales en este tipo de causas. Mencionó, entre otros, la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención de Belém do Pará, como pilares jurídicos que exigen a los jueces actuar con perspectiva de niñez y de género.

Finalmente, Baraballe evitó hablar de “precedente judicial”, aunque admitió que el caso podría quedar “en la memoria colectiva” de la región. En la tercera circunscripción judicial —que incluye a Venado Tuerto y alrededores— no se recuerdan fallos similares contra miembros de instituciones religiosas por este tipo de delitos.

“Lo importante es que se haya hecho justicia y que se comprenda cómo se arriba a una condena de esta magnitud. La comunidad merece saberlo”, cerró el juez.