El salvataje para deudores morosos lanzado por el Gobierno, a través del Banco Nación, con cuotas impagas a partir de los 90 días, tiene novedades que tendrán impacto sobre el universo de clientes en problemas con el sistema financiero.

Eso es así porque el kit de salvataje oficial incluye una convocatoria a los morosos con todos los bancos, y no exclusivamente con el Nación.

Al menos con las deudas tomadas con créditos personales y prendarios.

No así con las deudas en problemas asumidas mediante las tarjetas de crédito. En este último caso, los clientes deben resolver la cuestión con el banco emisor del plástico.

 

El índice de impagos en las familias, que en abril de 2024 se encontraba en el 2,5%, ya subió al 12% en abril último.

Semejante suba obligó al Gobierno a lanzar un "kit de salvataje", que ya se ofrece en el principal banco del país, con el objetivo de frenar el deterioro crediticio de millones de familias que quedaron fuera del sistema financiero.

Para este producto, el Banco Nación ofrece un monto de hasta $100 millones, con plazos de devolución que se extienden hasta los 72 meses (seis años).

La tasa de interés para esta línea es una Tasa Nominal Anual (TNA) fija del 65%.

El costo final de la refinanciación del BNA asciende al 114,2% anual. Corresponde al CFT (Costo Financiero Total) del kit, y que incluye no sólo a la tasa pura sino además a los impuestos asociados, al seguro, y a las comisiones bancarias.

A pesar de que se trata de un auxilio para los deudores, el Gobierno igual decidió aplicar esos costos en esta línea especial. Quitarlos hubiese abaratado el kit.

El hecho de que el CFT exceda el 114% anual implica que el salvataje tenga un costo que excede en cuatro veces la inflación esperada para este año. Es apenas un poco más barato, en ese sentido, de lo que cobran los bancos privados por líneas de préstamos para el consumo originales.

La cuestión no es marginal: si el costo del rescate es igual de impagable para las familias que el crédito original, es muy probable que el impago no se pueda resolver. Por más que la extensión de los plazos sean importantes.